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Students, families, and education advocates join Children First and Education Voters of Pennsylvania to host a rally on the Capitol steps to “ring the bells of justice,” and call for equitable funding for Pennsylvania public schools. The rally, which took place Friday, Nov. 12, 2021, occurred on the first day of the landmark trial that could change how Pennsylvania funds its 500 school districts.
(Capital-Star photo by Marley Parish)
Un juez de Pensilvania declaró inconstitucional el sistema estatal para pagar las escuelas públicas K-12, lo que marca una victoria para los demandantes en un juicio histórico para reformar la financiación de la educación.
En una orden presentada el martes, la Presidenta del Tribunal del Commonwealth, la jueza Renée Cohn Jubelirer, dijo que la Asamblea General no ha cumplido con su obligación constitucional de proporcionar a todos los niños un sistema educativo “completo y eficiente” al privar a los estudiantes en distritos escolares con bajos valores de propiedad e ingresos de los mismos recursos y oportunidades que los niños en los más ricos.
“Ahora es obligación de la Legislatura, el poder ejecutivo y los educadores hacer realidad la promesa constitucional en esta Mancomunidad”, escribió Cohn Jubelirer en un fallo de casi 800 páginas.
Los demandantes, seis distritos escolares, cuatro padres y dos organizaciones estatales — no solicitaron una cantidad específica en dólares en el caso contra el ex gobernador Tom Wolf, funcionarios de educación estatales y líderes legislativos Republicanos.
En cambio, le pidieron a la corte que dictamine que la Asamblea General promulgue una nueva forma de pagar la educación pública, un sistema con el que la Legislatura ha lidiado en el pasado.
Pensilvania aprobó la Fórmula de Financiamiento Justo en 2016, que decide las asignaciones financieras en los 500 distritos escolares del estado. El nuevo sistema solo se aplica a fondos nuevos y utiliza números de población obsoletos. En la práctica, esto perjudica a las escuelas en la mitad oriental del estado, que están creciendo, y mantiene el dinero en los distritos escolares occidentales,que se están reduciendo.
En la orden, Cohn Jubelirer no describe cómo la Legislatura debería distribuir los fondos para la educación, diciendo que la corte se encuentra en ” territorio desconocido con este caso histórico.”
El tribunal de apelaciones estatal desestimó inicialmente el caso, presentado por el Centro de Derecho de Interés Público, el Centro de Derecho Educativo y el bufete de abogados internacional O’Melveny & Myers, en 2014. La Corte Suprema de Pensilvania revivió el caso en 2017 y un juicio de cuatro meses concluyó en marzo de 2022.
“El tribunal reconoció que nuestras escuelas requieren fondos adecuados para cumplir con nuestro mandato constitucional”, dijeron el Centro de Derecho Educativo y el Centro de Derecho de Interés Público en una declaración conjunta. “Es hora de que nuestra Legislatura estatal financie las escuelas públicas en todos los rincones de Pensilvania, para que todos los estudiantes, vivan o no en una comunidad adinerada, puedan recibir la educación pública de calidad garantizada en nuestra Constitución estatal.”
Durante el juicio, los abogados de los demandantes argumentaron que las asignaciones estatales actuales son insuficientes en áreas con valores de propiedad e ingresos más bajos. Utilizando el testimonio de educadores y ex funcionarios de educación estatales, describieron cómo el deterioro de los edificios y el hacinamiento en las aulas han afectado a los estudiantes, utilizando puntajes de exámenes más bajos como prueba, en comparación con aquellos en distritos mejor financiados.
Mientras tanto, los abogados de los líderes legislativos Republicanos incluidos en el caso argumentaron que la Asamblea General finalmente decide las decisiones de financiación de la educación, diciendo que si los votantes no están contentos, pueden remediar el problema en las urnas. También citaron el aumento del gasto en educación bajo la administración de Wolf y cuestionaron si los distritos gastan el dinero de manera efectiva, señalando las escuelas que recortan personal en lugar de consolidar programas deportivos o comprar tecnología más barata.
Jennifer Hoff era la presidenta de la junta escolar del Distrito Escolar William Penn cuando se unió a la demanda en 2014. Ella le dijo a Estrella -Capital que la noticia de la decisión le hizo llorar después de casi nueve años de litigios y apelaciones.
“Es bastante sorprendente”, dijo Hoff, quien todavía se desempeña como miembro de la junta escolar y preside el comité de presupuesto y finanzas.
William Penn consta de seis distritos pequeños y en su mayoría afroamericanos en un suburbio del círculo interior de Filadelfia. Su superintendente, ex superintendente, maestros y estudiantes testificaron en el juicio sobre instalaciones para personas mayores y resultados educativos deficientes para los estudiantes.
Sobre la perspectiva de una nueva apelación por parte de la Asamblea General, Hoff dijo que retrasar aún más un sistema equitativo de financiamiento escolar sería una injusticia para los estudiantes.
“Se puede hacer”, dijo Hoff. “Los tribunales dicen que hay que hacerlo. No más excusas. Solo tenemos que resolverlo.”
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