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El régimen de Nicolás Maduro vuelve a romper las negociaciones con la oposición venezolana, reanudadas en noviembre pasado mientras es acusado por el Instituto Casla de continuar con la represión, de torturar a los presos políticos, de espiar y amedrentar a la sociedad al mejor estilo de la KGB y la Stasi comunistas pese a la investigación que adelantan el Tribunal Penal Internacional y la ONU por crímenes de lesa humanidad. En su alocución televisada, el mandatario anunció el pasado jueves la ruptura del diálogo iniciado hace menos de cuatro meses en México donde firmó con los representantes de la oposición el segundo acuerdo social en el que se comprometía a facilitar la recuperación de 3.200 millones de dólares externos para la asistencia sanitaria y alimentaria de la población además de la infraestructura eléctrica. «¿Qué garantías, qué certeza, qué motivación puede tener el gobierno revolucionario para volver a sentarse en una mesa con ese sector?. Ninguna», dijo Maduro, que acusó a la opositora delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de incumplir supuestamente con el acuerdo suscrito. En su opinión, la oposición «no tiene palabra» y ahora «tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones que no lo cumplen, no lo reconocen». Noticia Relacionada estandar No La oposición venezolana celebrará primarias para elegir a su nuevo candidato el próximo 22 de octubre Agencias Los opositores intentarán recuperar impulso después de años de inestabilidad, enfrentándose a una grave crisis de apatía de los votantes Por su parte, Gerardo Blyde , jefe de la delegación opositora que convocó una rueda de prensa en enero pasado para exhortar al Gobierno chavista a volver a la mesa de negociación en México, aseguró que la culpa es de Maduro por no cumplir con el compromiso ya que es el gobierno el que debe autorizar la liberación de los recursos externos para financiar el fondo social y «no lo ha hecho». Mostrando el documento suscrito por ambas partes, Blyde le recordó a Maduro que el fondo social será administrado por la ONU y «no para que lo utilice el régimen chavista». Las torturas y el espionaje También el jueves, Tamara Sujú , directora del Instituto Casla de Praga, presentó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el informe anual sobre la represión sistemática, el espionaje y el terror colectivo contra la sociedad venezolana que ha continuado el régimen de Maduro y el manual de torturas contra los 270 presos políticos y sus familiares. «En Venezuela los crímenes no han parado sino que continúan de forma silente ante la opinión pública internacional, que aparentemente cree que Nicolás Maduro ha cambiado y ahora es más amable. Pero no, es más criminal», enfatizó Sujú. En su informe, fechado entre enero 2022 y enero 2023, se documenta el testimonio de 19 personas que sufrieron distintos tipos de tortura «en el marco de la represión sistemática que las autoridades del Estado venezolano ejecuta por motivos políticos». Algunas víctimas «fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables», afirma, citando, entre otros, «el desprendimiento de uñas», «la extracción con alicates o ruptura de piezas dentales», cortaduras con navajas, descargas eléctricas o simulacros de ejecución. Burlarse de las sanciones «Las sanciones han sido muy importantes» pero «Maduro las ha burlado y se sigue financiando a través de Rusia y de Irán », afirma Sujú al señalar que se ha aprovechado de la negociación con la oposición. El Instituto Casla ha tenido acceso al Manual de operaciones especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que se aplica directamente «en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad». También la instalación de un sistema de inteligencia y contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos, a los oficiales des Fuerzas Armadas y a los propios funcionarios de cuerpos de seguridad de los que sospechan, a sus familiares, amigos y conocidos.
