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Con toda la avenida de banderas europeas a media asta en su sede de Bruselas y expresiones de condolencia hacia las familias de las víctimas del accidente de tren en Grecia, la Comisión Europea ha intentado no cargar demasiado las tintas sobre el Gobierno de Atenas , pero no ha podido evitar reconocer que en los últimos años, desde 2014, le ha financiado con 700 millones de euros para mejorar la seguridad en la infraestructura ferroviaria del país y que, además, había aprobado otros 130 millones adscritos al programa de recuperación que las autoridades griegas habían presentado el año pasado. Todo ello sin éxito. Después del choque frontal de dos trenes en la línea ferroviaria que une Atenas con Salónica y en el que, al cierre de esta edición, se contaban 57 fallecidos y una veintena de desaparecidos –muchos de ellos jóvenes estudiantes que volvían a su universidad tras el puente de Carnaval–, son muchos los testimonios y pruebas que certifican que los sistemas de seguridad en la red ferroviaria de Grecia están obsoletos. El Ejecutivo comunitario insiste en que estaba brindando apoyo a Grecia a través de los fondos del Mecanismo de Conexión de Europa (CEF), que es el principal instrumento de financiación de la UE para asuntos de transporte. El portavoz de la Comisión insistió ayer en que, desde 2014, «hemos apoyado 16 proyectos ferroviarios en Grecia con una financiación total de la UE de casi 700 millones de euros». Y negó que el procedimiento de infracción que puso en marcha la semana pasada, por el que se envió a Grecia al Tribunal de Justicia, tuviera que ver con la aplicación o no de las normas de seguridad, sino que se refería a la falta de transparencia en una contratación. «Son cosas que no se pueden mezclar», insisten desde la Comisión. Para la UE, Grecia sigue siendo un punto especialmente sensible, tras los terribles años del rescate financiero que obligaron al país a someterse a una brutal cura de austeridad y a asumir recortes dolorosos. La posibilidad de que la opinión pública griega pudiera culpar a la política europea de este accidente horroriza en Bruselas. Pero tampoco sería útil para la Comisión señalar directamente al actual Gobierno griego de este desastre. De hecho, desde 2017 los trenes (no las infraestructuras ferroviarias) los gestiona la italiana Ferrovie dello Stato (FS), pues el Gobierno heleno se vio obligado a desprenderse de este activo dentro de las obligaciones de reducir el gasto público. Por ello, desde la Comisión insistían ayer en dejar claro que por ahora «no se puede decir bajo qué condiciones se hubiera podido evitar el accidente, porque eso es algo que corresponde a la investigación que tienen que realizar las autoridades griegas ». Sin embargo, tarde o temprano deberá aclararse qué pasó con estas ayudas. Un detenido Por el momento, el único detenido por la tragedia es el jefe de estación de Larisa. Al día siguiente del catastrófico siniestro, además, se produjeron varias dimisiones, entre ellas la de varios cargos ferroviarios estatales y la del ministro de Infraestructuras y Transportes. Desde el año 2000, la Comisión dio preferencia a la creación de un sistema unificado de gestión del tráfico ferroviario en Europa. Según datos del Tribunal de Cuentas Europeo, entre los años 2007 y 2020 fueron concedidos a la Secretaría General de Sistemas Informáticos de Grecia cuatro millones de euros para este fin, pero no se logró mejorar la situación. Un informe del Ministerio de Infraestructuras del año 2018 especificaba que, si bien en la arteria principal de la red ferroviaria del país (Atenas-Salónica) había sido instalado el sistema semáforos con control remoto, las averías eran continuas y el funcionamiento no era el esperado. El mismo informe reconocía que las obras, que se habían iniciado en el año 2014, tenían que haber acabado en 2019. El contrato de obra se firmó en 2014 entre las empresas Ergose y TOMI Alstom, según afirma el diario griego Kathimeriní, con un presupuesto de 41 millones de euros y duración de dos años. No obstante, según la misma fuente, desde 2016 el proyecto comenzó a solicitar prórrogas; la última de ellas tuvo lugar el pasado mes de diciembre, con fecha de finalización este marzo de 2023 y un presupuesto de más de 50 millones de euros. Ilías Tevlos, presidente de la Unión Ferroviaria de Grecia, declaraba ayer para la televisión pública griega ERT que la falta de semáforos, GPS y control remoto también afecta a la red de ‘proastiacós’ (cercanías de la ciudad de Atenas) en las cinco estaciones entre las paradas de Doukisis Plaklendias y el aeropuerto de Atenas, un trayecto que realizan a diario decenas de miles de personas, sobre todo durante la temporada turística. Un error humano Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis , en sus declaraciones tras visitar el lugar del accidente, recalcó la importancia de averiguar las razones de los retrasos en las obras de modernización de los sistemas de seguridad de la línea ferroviaria que une Salónica y Atenas, que sería equivalente a un Madrid-Barcelona. Para Mitsotakis, la causa del accidente fue «un fatídico error humano», que es la tesis que menos daño político le hace, aunque la mayor parte de los fondos debían haberse utilizado en la época del Gobierno del populista de izquierdas (Syriza), Alexis Tsipras, que fue primer ministro entre 2025 y 2019 y se enfrentó abiertamente a la Comisión Europea. Ayer Yorgos Yerapetridis asumió la cartera de Infraestructuras y Transportes tras la dimisión, el miércoles, de Kostas A. Karamanlís. Yerapetridis declaró, durante la ceremonia de traspaso del cargo, que se ha fijado tres objetivos: «Esclarecer los motivos que nos han hecho lamentar las pérdidas humanas, asegurar que se produzcan las obras de modernización de las infraestructuras ferroviarias y restaurar la seguridad en los transportes». Además, el nuevo ministro anunció la creación de un grupo de investigación para dilucidar las causas del fatídico accidente. Por su parte, Sotiris Papamarkakis, responsable del Equipo Griego de Rescates de la ciudad de Larisa, en declaraciones para ABC, comentaba que «un accidente de esta envergadura no se produce por un error humano, sino por una cadena de errores». Entre 2010 y 2018, en Grecia se han contabilizado 137 muertos y 97 heridos graves en accidentes ferroviarios, lo que representa el peor dato de toda la UE si se tienen en cuenta el numero de pasajeros y los kilómetros que recorren los trenes en cada país. Los sindicatos del sector alegan que habían convocado bastantes huelgas en los últimos meses para protestar sobre la falta de seguridad en toda la red ferroviaria pero que, en algunas de las ocasiones, sus convocatorias habían sido declaradas ilegales. El 13 de marzo de 2022, el sindicato de maquinistas de la compañía gestora de los ferrocarriles griegos, Trainose, ya convocó un paro laboral como forma de protesta contra los retrasos en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y en la finalización de obras que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la red. La rabia en la calle El miércoles, tuvo lugar una concentración de protesta ante las oficinas de la capital griega de la empresa Hellenic Train y una manifestación hasta la plaza del Parlamento, que terminó con enfrentamientos entre los policías y los manifestantes. Anoche, se manifestaron más de 3.000 personas en el centro de Atenas para pedir responsables por el accidente. Bajo el lemas como «Mitsotakis, escoria, la sangre de las víctimas te perseguirá» o «no es responsabilidad privada, sino asesinato estatal» la rabia y la impotencia salieron a las calles por un siniestro que tiene conmocionada a la sociedad griega y que se pudo evitar.
